El juez Federico Atencio ordenó a la Cámara de Diputados bonaerense la entrega inmediata de documentos administrativos internos. Busca determinar de qué despachos políticos salieron los contratos vinculados a las tarjetas de débito clonadas.
La Plata (De nuestra redacción).– La investigación por el mayor escándalo de corrupción e inmunidad parlamentaria de la provincia de Buenos Aires sumó un capítulo decisivo. El juez de Garantías Federico Atencio dictó una orden formal exigiendo a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la entrega inmediata de 50 memorándums administrativos internos. Con esta medida, la Justicia busca romper el pacto de silencio político y determinar con exactitud qué legisladores propusieron y avalaron las contrataciones de los supuestos electricistas, albañiles y barrenderos cuyas tarjetas de débito eran vaciadas mensualmente.
El requerimiento judicial apunta al corazón de la estructura de recaudación ilegal que quedó al descubierto en septiembre de 2023, cuando el puntero del Partido Justicialista, Julio “Chocolate” Rigau, fue detenido in fraganti en un cajero automático del Banco Provincia de La Plata con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura y millones de pesos en efectivo.
Los documentos que la política intentaba ocultar
Hasta el momento, las autoridades de la Cámara de Diputados provincial —presidida actualmente por Alejandro Dichiara y controlada bajo acuerdos compartidos entre Unión por la Patria, el Frente Renovador y sectores de la oposición— se habían limitado a entregar listados generales de empleados con información genérica para dilatar los tiempos procesales.
Sin embargo, la fiscal de la causa, Betina Lacki, detectó un eslabón administrativo insalvable: para que cualquier persona sea dada de alta en la planta temporaria del Palacio Legislativo, debe existir obligatoriamente un “memorándum de propuesta” firmado de puño y letra por un diputado o una autoridad de bloque. Esos 50 documentos clave son los que ahora la Justicia exige bajo apercibimiento legal.
La ruta del dinero y los jefes de la banda
La reactivación de las órdenes del juez Atencio se produce en un momento de alta tensión política en los pasillos parlamentarios de La Plata. La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que los titulares de las tarjetas eran “prestanombres” o empleados inexistentes que cedían sus plásticos a cambio de una obra social o un aporte jubilatorio mínimo, mientras que el grueso de los salarios —que hoy superan ampliamente el millón de pesos por contrato— regresaba directo a las cajas negras de la política.
Por la causa ya se encuentran detenidos y procesados penalmente:
Julio “Chocolate” Rigau: Recaudador de cajeros.
Facundo Albini: Exconcejal platense.
Claudio Albini: Exsubdirector de Personal de la Cámara y señalado como uno de los jefes organizativos de la asociación ilícita.
¿Se vienen los desafueros?
Con los 50 memorándums en su poder, la fiscal Lacki estará en condiciones de cruzar los nombres de los prestanombres con los despachos de los diputados (tanto oficialistas como opositores) que autorizaron sus sueldos.
Fuentes judiciales confirmaron a este medio que no se descarta que, tras analizar las firmas de esta documentación, se soliciten de inmediato los desafueros de varios legisladores bonaerenses en actividad para ser llamados a declaración indagatoria, un movimiento que promete sacudir el tablero político provincial.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS