El ambicioso plan del gobierno nacional para transferir el 90% de las acciones estatales de AySA al sector privado sumó una fuerte complicación en los tribunales. La Cámara de La Plata ratificó de forma íntegra un recurso que prohíbe explícitamente a la compañía alterar, suspender o reducir sus obligaciones de servicio vigentes vinculadas a la salud pública y el cuidado ambiental.
Si bien la venta del paquete accionario no quedó formalmente cancelada, el fallo judicial funciona como un corset estricto que condiciona el nuevo contrato de concesión y le marca la cancha a la administración de Javier Milei.
Los puntos clave del freno judicial
Protección del servicio: El tribunal ratificó que el agua es un derecho humano fundamental. En consecuencia, obligó a AySA a abstenerse de realizar recortes o modificar a la baja los estándares de inversión sanitaria.
Impulso de la Defensoría: La medida cautelar fue ratificada tras un reclamo originado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, liderada por Guido Lorenzino, bajo la alerta de que un potencial pasivo ambiental terminara recayendo en la provincia o en los municipios.
Pase al fuero Federal: Paralelamente al freno institucional, la Cámara provincial determinó que no posee la competencia definitiva sobre la cuestión de fondo y resolvió remitir el expediente a la Justicia federal platense, la cual deberá sortearse próximamente
Postergación técnica de las ofertas
Este tropiezo en los tribunales coincide temporalmente con demoras en el cronograma licitatorio. Aunque la apertura de sobres y presentación de ofertas económicas estaba programada originalmente para finales de agosto, el Ejecutivo resolvió extender el plazo hasta el 15 de septiembre. Oficialmente, la prórroga respondió al pedido de firmas interesadas que solicitaron más tiempo para evaluar los pliegos técnicos.
Quiénes están en la carrera por AySA
El control operativo de la red, que abastece a un estimado de 14 millones de usuarios en el AMBA, despertó el interés de grandes conglomerados y constructoras locales.
Mauricio Filiberti y socios: El dueño de Transclor (proveedor clave de insumos químicos para AySA) analiza una propuesta en conjunto con la constructora Rowing.
Grupo Roggio: Operadores históricos de Aguas Cordobesas.
JCR y Grupo Neuss: Firmas constructoras y de inversión que siguen de cerca el negocio.
Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó que la distribuidora provincial ABSA compita en el proceso para resguardar la esfera pública, aunque los pliegos vigentes prohíben explícitamente ofertar a firmas bajo órbita estatal.
Con los plazos extendidos y las condiciones del servicio bajo estricto blindaje judicial, la privatización mixta (vía licitación y colocación en la Bolsa de Comercio) entra en su etapa más compleja. El destino del suministro de agua del área metropolitana quedó sujeto a lo que defina, en los próximos capítulos, el fuero federal.
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