En pleno Día del Camino y del Trabajador Vial, la realidad de transitar abre una grieta ineludible. Entre el “libre mercado” nacional de Javier Milei y el “estado presente” provincial de Axel Kicillof, el resultado para el ciudadano es el mismo: más pórticos, más cabinas y menos plata en el bolsillo. A más de 90 años de la mítica Ley de Vialidad, las rutas sufren el abandono, la cuádruple imposición tributaria y peajes que actúan como verdaderas aduanas interiores.-
Celebrar las rutas en Argentina se ha vuelto un ejercicio de nostalgia o un golpe directo a la billetera. El origen de nuestra infraestructura vial se remonta a principios del siglo XX, con la Ley Mitre de 1907 y la posterior Ley de Vialidad de 1932. Aquella gesta, impulsada por el gobierno del General Agustín P. Justo, estableció un fondo específico financiado a través de un impuesto a los combustibles. Bajo el liderazgo de Justiniano Allende Posse en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en solo diez años se construyó casi el 80% de la red vial actual. Aquellos primeros años de esplendor y patriotismo, con menos tecnología pero con “corrupción cero”, lograron unir al país.-
Hoy, la realidad dista años luz. Según calificados especialistas, el estado de más de la mitad de la red es calamitoso por el desvío de los fondos específicos a otros fines. La falta de planificación integral brilla por su ausencia desde el Plan de largo alcance de 1962, el limitado plan interprovincial EDIVIAR de los 90, o el Proyecto 10 del recordado Ing. Guillermo Laura. En este contexto de desinversión, las decisiones políticas actuales de La Plata y de la Casa Rosada coinciden en una sola estrategia: tarifar los caminos sin contraprestación, atrapando al conductor en un laberinto recaudatorio.-
El modelo de Kicillof: Peajes inteligentes, cajas gremiales y el impacto en San Vicente
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la empresa estatal y gremial AUBASA, implementó un cambio histórico este octubre de 2026 bajo el sistema Free Flow. La fisonomía de la ruta cambió: ya no están las tradicionales cabinas de cemento; ahora el paisaje exhibe modernas estructuras metálicas en forma de arco con cámaras y sensores que leen las patentes y el TelePASE en pleno movimiento. La medida fue autorizada por la Resolución N° 475 del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.-
Los nuevos arcos provinciales habilitados o proyectados son:
• Ruta Provincial 6 (San Vicente – Km 51): Operativo desde este jueves 1 de octubre. Aquí la locura es total: los vecinos de San Vicente deben pagar peaje para desplazarse dentro de su propio pueblo al tener que ir, por ejemplo, hacia Domselaar.-
• Ruta Provincial 6 (General Las Heras – Km 105): Habilitado en simultáneo el 1 de octubre bajo la misma modalidad de pórtico electrónico elevado.-
• Ruta Provincial 6 (Cardales / Exaltación de la Cruz): En proceso de instalación en el tramo norte.-
• Ruta Provincial 11 (Mar Chiquita): Proyectado para el corredor atlántico de forma libre de barreras.-
Esta avanzada de AUBASA —a la que se le transfirió sin licitación la concesión de las rutas 6, 2 y 11 mediante convenios precarios con Vialidad Nacional carentes de una ley formal— profundiza la opacidad. Lo mismo ocurre en CABA, donde AUSA sigue cobrando peajes en autopistas cuyos costos de construcción fueron amortizados hace más de 40 años, desviando fondos a obras ajenas al corredor vial.-
El modelo de Milei: Privatización, “obra pública cero” y rutas opacas
Por la vereda opuesta, el Gobierno Nacional de Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo avanzaron con el desmantelamiento de Corredores Viales S.A. para entregar las rutas a operadores privados mediante la Red Federal de Concesiones. Aquí el paisaje vial retrocede a las extensas hileras de cabinas tradicionales techadas, muretes de hormigón y barreras mecánicas amarillas que obligan a detener el vehículo a cero. La provincia de Buenos Aires concentra el 72% de las nuevas cabinas del país, autorizando subas tarifarias previas a cualquier obra.-
El nuevo mapa nacional de Milei añade peajes en tramos antes gratuitos:
Ruta Nacional 3:
Planifica cinco cabinas bonaerenses en las localidades de Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Dorrego.-
Ruta Nacional 205: S
Suma puestos de cobro tradicionales con barrera en las zonas de Saladillo y Unzué.-
Este esquema hereda la opacidad del pasado: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sigue acusando graves irregularidades en los recursos de Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A., mientras los propios gremios denuncian la entrega de las rutas troncales nacionales.-
Opinión: Las deudas de la Democracia y la confiscación del ciudadano
La paradoja política es absoluta. La gobernación bonaerense critica a Nación por paralizar la obra pública y privatizar rutas, pero monta sus propios arcos recaudatorios en la Ruta 6 bajo el argumento de la “seguridad vial”. El Congreso Nacional, en tanto, sigue de brazos cruzados sin crear una comisión que controle el destino de los fondos del impuesto a los combustibles.-
Existe una clara causalidad entre el aumento de la siniestralidad vial, el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la “obra pública cero” tanto de Nación como de las provincias. Los conductores y los trabajadores del transporte de cargas y ómnibus de larga distancia son víctimas cotidianas de la desinversión, transitando por trazas destruidas que arriesgan sus vidas.-
Hoy los ciudadanos sufrimos una injusta cuádruple imposición tributaria vial: pagamos impuestos a los combustibles, patentes provinciales, tasas municipales y, además, peajes. Ninguno de estos recursos vuelve de manera eficiente a los caminos, tornándose confiscatorios y vulnerando el derecho de propiedad. Desde una mirada geopolítica, este altísimo costo logístico resta competitividad regional a la producción de nuestras provincias, aislando economías enteras y generando espacios geográficamente vacíos que ponen en riesgo la defensa nacional por el desarraigo que provocan.-
Sigue pendiente desde 1994 el cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional, que ordena marcos regulatorios claros y entes de control con participación real de usuarios y provincias. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia tiene la deuda histórica de discutir el fondo del asunto: la obligatoriedad de garantizar caminos alternativos gratuitos para asegurar el derecho constitucional al libre tránsito (Art. 14). No se puede permitir que las cabinas o los arcos digitales continúen funcionando como aduanas interiores que coartan el comercio nacional.-
En este Día del Camino, pases por un arco invisible de La Plata o por una barrera privatizada de la Rosada, el laburante siempre pierde. Es hora de entender y exigir una verdad fundamental: sin rutas libres no hay libertad
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