La discusión por la seguridad en los penales de la Provincia de Buenos Aires volvió al centro de la escena política. Tras las recientes medidas dispuestas por el Gobierno Nacional de Javier Milei —que a través del Ministerio de Seguridad implementó programas de detección y bloqueó de señales en penales federales y habilitó la adhesión voluntaria de las provincias—, los bloques opositores en la Legislatura bonaerense incrementaron la presión para prohibir de forma definitiva la tenencia de dispositivos móviles y forzar la instalación de inhibidores de señal en todo el territorio provincial.
¿Quién lo promueve y cuándo fue presentado?
La iniciativa cuenta con un fuerte impulso multipartidario desde la oposición, motorizado centralmente por el bloque PRO, a través de proyectos clave presentados en marzo de 2026 por legisladores como el senador provincial Alex Campbell y el senador Pablo Petrecca.
A esta presión se sumaron bloques vecinalistas y de derecha como el espacio HECHOS (quienes presentaron la denominada “Ley Rodrigo” en la Cámara de Diputados) e iniciativas de La Libertad Avanza, coincidiendo en que las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no pueden seguir funcionando como plataformas operativas del delito.
El trágico detonante: La “Ley Rodrigo”
El debate parlamentario adquirió máxima urgencia tras el conmocionante caso del soldado Rodrigo Andrés Gómez, un joven de 21 años que prestaba servicios en la Quinta de Olivos y se quitó la vida en diciembre de 2025 tras sufrir una feroz estafa y extorsión virtual. La investigación penal posterior determinó que el engaño técnico y las amenazas extorsivas fueron planificados y ejecutados por presos desde las cárceles de Magdalena y Olmos utilizando smartphones con acceso irrestricto a internet. En su homenaje, la oposición bautizó el principal paquete de reformas legislativas bajo su nombre.
¿Qué reglamentación se desea instalar?
Los proyectos presentados apuntan a modificar la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense, buscando implementar las siguientes normativas estrictas:
1-Fin de la excepción de la pandemia: Dar de baja definitiva al protocolo excepcional del año 2020 que, bajo la emergencia sanitaria del COVID-19, autorizó de manera provisoria el uso de celulares a los internos para conectarse con sus familias ante la falta de visitas presenciales.
2-Inhibidores y Bloqueadores de Señal: Obligar al Ejecutivo provincial a instalar equipos tecnológicos avanzados en los perímetros de las cárceles para anular por completo las señales de telefonía móvil y de transmisión de datos (Internet) dentro de los pabellones.
3-Sistema de Comunicación Supervisada (SCDS): Reemplazar los smartphones privados de los reclusos por teléfonos fijos o plataformas cerradas provistas por el Estado. Las llamadas estarían limitadas (por ejemplo, a un máximo de 2 horas diarias), registradas con horarios fijos y dirigidas solo a un listado de contactos validados de familiares directos, exceptuando únicamente las llamadas confidenciales con sus abogados defensores.
4-Controles estrictos: Tipificar la tenencia clandestina o el ingreso ilegítimo de chips (tarjetas SIM) o terminales telefónicas como una falta grave para el interno y prever sanciones penales para el personal implicado.
¿Qué trabas e impedimentos tiene el proyecto?
A pesar del reclamo social, el avance de la normativa encuentra serias resistencias y complejidades técnicas en el plano bonaerense:
1-El costo económico y la infraestructura: La instalación de inhibidores de señal de alta potencia requiere de una inversión presupuestaria multimillonaria. El oficialismo provincial suele argumentar limitaciones de recursos frente al ajuste general de las cuentas públicas.
2-El dilema de la urbanización: A diferencia de grandes complejos penales ubicados en zonas despobladas, muchas cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires quedaron inmersas en plena mancha urbana o rodeadas de barrios residenciales. Los técnicos advierten que bloquear de forma masiva las antenas dentro del penal podría dejar sin señal de telefonía o internet a miles de vecinos civiles que viven en las inmediaciones si no se realiza un mapeo milimétrico de las frecuencias.
3-Resistencia en los pabellones: El retiro de los celulares plantea desafíos de gobernabilidad interna para las autoridades del Servicio Penitenciario, dado que el acceso a los teléfonos fue utilizado durante años como una herramienta para apaciguar tensiones y mantener la calma interna en los penales sobrepoblados.
4-Bloqueo Político en Comisiones: Al estar las comisiones de Seguridad y Presupuesto de la Legislatura bajo el control de fuerzas afines al gobierno provincial de Axel Kicillof, los debates marchan a un ritmo lento, requiriendo de negociaciones complejas para que la oposición logre el quórum y los dictámenes necesarios para llevar las iniciativas directamente al recinto.
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