Conseguir y mantener un alquiler se consolidó como uno de los mayores desafíos económicos para miles de familias en la provincia de Buenos Aires. Al fuerte incremento en el valor de los contratos, las exigencias de garantías y las subas de expensas y servicios, se añade un costo inicial que genera polémica: las comisiones inmobiliarias. En este escenario, ingresó un proyecto de ley al Senado bonaerense que busca eximir por completo a los inquilinos de este pago, aunque su camino hacia la aprobación final aún no cuenta con un consenso generalizado en el ámbito parlamentario.
La iniciativa fue presentada formalmente por las senadoras María Rosa Martínez, Laura Clark y Mónica Macha (del bloque Unión por la Patria), y cuenta con el aval y la articulación técnica de la organización nacional Inquilinos Agrupados. El texto propone modificar de raíz la Ley 10.973, normativa que regula la actividad de los martilleros y corredores públicos en territorio provincial.
¿Qué establece el proyecto para el mercado inmobiliario?
El eje central de la propuesta radica en que, en todo contrato de locación destinado a vivienda familiar, los honorarios por la intermediación inmobiliaria deba afrontarlos exclusivamente el propietario del inmueble.
Para garantizar su cumplimiento, el proyecto incorpora las siguientes regulaciones:
Faltas profesionales: Se tipificará como una infracción grave que las inmobiliarias exijan, requieran o perciban de los inquilinos comisiones, honorarios, gastos de gestoría o cargos de administración vinculados a la intermediación.
Obligación de informar: Las agencias del sector deberán exhibir de forma obligatoria, tanto en las vitrinas de sus oficinas físicas como en sus portales web, cartelería visible que aclare explícitamente que dichos honorarios corresponden al locador (dueño).
Los fundamentos de la desigualdad contractual
Las legisladoras autoras de la medida sostienen que la legislación actual es ambigua al dejar el pago de los honorarios librado a un “acuerdo entre partes”. En la práctica real del mercado, esa libertad desaparece y es el inquilino quien termina asumiendo la totalidad del gasto ante la urgencia habitacional.
“Quienes alquilan constituyen la parte más débil del contrato”, argumentan en los fundamentos. Además, recordaron que este modelo no es un experimento aislado, sino que ya rige con éxito en otras jurisdicciones del país como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Pampa y Río Negro.
Un escenario macroeconómico complejo
El debate se da en un contexto de alta presión para la economía doméstica. Según datos rescatados del Censo, en la provincia de Buenos Aires se estiman cerca de tres millones de viviendas bajo régimen de alquiler. Las senadoras advirtieron que, si bien tras los cambios normativos nacionales aumentó la oferta de propiedades, los valores de ingreso continuaron escalando por encima de la media salarial, agravando el endeudamiento de los hogares para poder mudarse.
Panorama legislativo: El desafío del consenso
Pese al fuerte impacto social de la medida, el proyecto inicia su recorrido en comisiones bajo un clima de profunda división política. Fuentes legislativas confirmaron que la iniciativa carece actualmente de un consenso generalizado para asegurar su media sanción. Mientras los bloques opositores y las cámaras de martilleros expresan su rechazo —advirtiendo que la prohibición podría trasladarse directamente al precio final del alquiler mensual o provocar el retiro de propiedades del mercado—, el oficialismo buscará abrir mesas de debate para sumar los votos necesarios en el recinto.
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