La Justicia Federal de San Martín hizo lugar de manera parcial a una acción de amparo presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) implementar medidas urgentes de seguridad vial, cierre de accesos clandestinos y señalización en los tramos inconclusos de la Autopista Presidente Perón. La medida cautelar dictada por el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto tendrá una vigencia obligatoria de seis meses y apunta a frenar el grave deterioro de la traza que atraviesa los partidos de San Vicente y Presidente Perón.-
El reclamo judicial, motorizado por el Ministerio de Infraestructura bonaerense a cargo de Gabriel Katopodis, expuso ante los tribunales el estado de parálisis y abandono absoluto en el que quedó la megaobra vial tras el retiro del financiamiento y de las cuadrillas por parte del Gobierno Nacional. La presentación provincial detalló que la falta de custodia activa desde mayo de 2024 derivó en una problemática delictiva y comunitaria severa, caracterizada por la proliferación de basurales a cielo abierto, robos de luminarias, vandalismo y el abandono de vehículos sobre el asfalto.-
Peligro inminente y accesos clandestinos
Uno de los argumentos centrales validados por el tribunal federal es el riesgo extremo para la vida de los conductores y vecinos de la región. Ante la falta de bloqueos eficientes, decenas de automovilistas ingresan diariamente de forma clandestina a tramos de la autopista que están completamente a oscuras, sin demarcación ni banquinas terminadas, lo que ya ha provocado siniestros viales de gravedad.-
El fallo técnico detalla los niveles de avance en los que quedaron congelados los distintos sectores de la autopista:-
1-Tramo I: Registra un 88,88% de ejecución física.-
2-Tramo II: Alcanza un 96,73% de avance.-
3-• Tramo III: Se encuentra frenado en un 89,77%.-
4-Tramo IV: Su conexión hacia la Autopista Buenos Aires – La Plata sigue completamente paralizada.-
Si bien el juzgado desestimó por el momento el pedido provincial para obligar a la Nación a ejecutar bacheos generales o reactivar las obras de pavimentación de fondo, determinó de manera tajante que la Dirección Nacional de Vialidad tiene la responsabilidad jurídica ineludible de custodiar, señalizar y bloquear perimetralmente las zonas en construcción para evitar más tragedias viales en el conurbano bonaerense.
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