El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y el Movimiento Derecho al Futuro marcharán este jueves 6 de agosto de 2026 al Congreso de la Nación. Piden rechazar y frenar la aprobación de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” o “Ley de Tierras” que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei.
PUNTOS QUE SE OBJETAN Y QUE MAS RESISTENCIA GENERAN
La Extranjerización de la Tierra (Modificación de la Ley 26.737)Este es el núcleo duro del conflicto. La oposición denuncia que el proyecto original buscaba eliminar totalmente los límites para que corporaciones o personas extranjeras adquieran suelo argentino.
Control de recursos estratégicos: Advierten que sin controles se facilita que capitales extranjeros compren campos que contienen grandes fuentes de agua dulce, acuíferos, áreas glaciares o zonas ricas en minerales.
Zonas de Frontera: Critican que se flexibilicen las restricciones para comprar tierras en áreas de seguridad fronteriza, lo cual consideran un peligro para la seguridad nacional.
El “texto o” modificado: Ante la falta de votos en el Senado, el oficialismo negoció subir el límite nacional de tierras en manos extranjeras del 15% al 25%. Para la oposición, esto sigue representando una “entrega” masiva del territorio nacional.
2. El “Negocio Inmobiliario” con los Incendios (Manejo del Fuego)La derogación de los plazos de veda (de 30 a 60 años) para cambiar el uso comercial de tierras incendiadas genera un profundo rechazo de las organizaciones ambientales.
Incentivo al fuego intencional: La oposición sostiene que, si un propietario puede vender o lotear un bosque o humedal inmediatamente después de un incendio, se generará un incentivo económico para provocar quemas intencionales con el fin de avanzar con proyectos inmobiliarios o monocultivos masivos.
3. Vulnerabilidad social y Desalojos Las reformas procesales para acelerar las restituciones de inmuebles son catalogadas por la oposición como una amenaza directa para los sectores más vulnerables
:Peligro en Barrios Populares: Advierten que los “desalojos exprés” y la flexibilización de protecciones pueden terminar afectando a asentamientos informales asentados en el registro del RENABAP, dejando a miles de familias en la calle sin alternativas habitacionales de fondo.
Comunidades Originarias: Organizaciones indígenas denuncian que se debilitan los frenos legales que protegen sus territorios ancestrales frente al avance de terratenientes o empresas extractivas.
4. Bloqueo al rol regulador del Estado (Expropiaciones)Hacer las expropiaciones considerablemente más costosas y difíciles de justificar judicialmente es visto por la oposición como un mecanismo para atarle las manos al Estado. Argumentan que esto impedirá que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales adquieran terrenos clave para construir escuelas, hospitales, rutas o viviendas sociales debido a la imposibilidad de afrontar los nuevos costos exigidos por la ley.
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